En los años 80 comienza la andadura de un proyecto que dejaba atrás el pasado de la defensa civil y se abría a un futuro de la protección civil en España. Posiblemente con imprecisiones e incertidumbres en su configuración, pero poniendo encima de la mesa algunos elementos que resultaron básicos en su desarrollo y que progresivamente se irían consolidando.
Establecer la Planificación de emergencias como eje principal de actuación, asumiendo en ello una visión integradora e integral, multidisciplinar y multisectorial.
Atender a la configuración del Estado de las Autonomías, en su modelo competencial, organizativo y territorial.
Reconocer el derecho, y el deber, de intervención de la ciudadanía, a través del voluntariado u otras formas participativas.
Cada etapa, cada hito, merecería un análisis detallado, pero supera la intención de estas líneas.
Al iniciar el siglo XXI ya se contaba con un amplio, aunque insuficiente, marco normativo y con la experiencia de emergencias diversas y graves desastres que han tensionado y sometido a prueba el sistema que se estaba construyendo.
En la reciente ley 17/2015 se aborda directa y sustantivamente el concepto de Sistema Nacional de Protección Civil, incorporando claramente el papel significado de las CCAA. Asimismo, las CCAA han ido desarrollando sus propios subSistemas normativos y organizativos, que en su mayoría han adoptado una perspectiva integral y transversal en la gestión de las emergencias, no quedando circunscrita a las emergencias mayores o desastres, sino que, desde el apoyo de las plataformas 112, han abordado las emergencias no catastróficas, en la necesidad de garantizar la coordinación multisectorial en su respuesta.
No ha sido menor el papel desarrollado por las entidades locales, superando progresivamente el papel asistencialista e incorporando compromisos en la prevención y la planificación.
El intenso camino recorrido en cuatro décadas no puede llevar a una falsa suficiencia. Son muchos los temas no concluidos o deficientemente resueltos, justificando sobradamente impulsar el análisis, debate y aportación de nuevas propuestas y soluciones.
En este panorama de déficits y retos, en marzo de 2020 se abre una crisis excepcional de magnitudes no equiparables a las vividas por la protección civil en España: la pandemia por Covid-19
El papel desarrollado por el Sistema Nacional de Protección Civil en su conjunto, la adecuación de sus planes y actuaciones, así como el encaje del marco normativo, son aspectos que merecen un estudio reflexivo y el planteamiento de propuestas alternativas.
Pero no solo por la pandemia en curso, también hay que considerar otros riesgos que se sitúan en el horizonte de futuro y nos interpelan sobre las respuestas. Las consecuencias del cambio climático, las tranformaciones en el ámbito de las tecnociencias, la globalización y movimientos migratorios, entre otros, nos llevan a contemplar un nuevo panorama con oportunidades y con incertidumbres.
La gestión de las emergencias precisa que se pueda pensar más allá del presente o futuro inmediato. Recoger y difundir análisis, opiniones y propuestas es una labor inaplazable. Es preciso avanzar, desde el intercambio y el debate, en nuevas y eficaces soluciones: establecer espacios de encuentro para abordar análisis de futuro.
Abordar la gestión de los riesgos ante emergencias y desastres precisa establecer un marco de conocimiento en el que capacitar y aglutinar a los profesionales que deben impulsar dichas tareas. Es una labor compleja e integradora de diversos conocimientos, pero no por ello puede quedar en la indefinición. La situación actual esta marcada por la improvisación y la invisibilidad profesional. Sin que ello suponga una renuncia al enriquecimiento mutidisciplinar, es preciso definir un ámbito de conocimiento, reconocido y acreditado, dirigido fundamentalmente a sustentar las actuaciones que competen a los profesionales en la gestión de emergencias y protección civil. Es necesario configurar un espacio profesional específico.
La participación de la ciudadanía, no es solo un derecho, sino una condición necesaria. El análisis técnico y la visión multidisciplinar tienen que conjuntarse con la intervención protagonista de la ciudadanía. La garantía de hacer efectivas políticas de prevención es que se constituya en demanda social. La efectiva aplicación de modelos de entornos seguros y protegidos necesita la participación activa y cómplice de la ciudadanía.
El espacio de la gestión de riesgos ante emergencias y desastres no puede quedar circunscrito a la acción desde los ámbitos administrativos, es conveniente sustantivar el debate en el marco científico-técnico, apostando por abrir nuevas perspectivas, comprometidas, abiertas e imaginativas. En ese mismo sentido, la ciudadanía, en sus diversas expresiones colectivas e individuales se configuran como un importante factor creativo y reivindicativo.
¿QUE NOS MOTIVA?
Fomentar la difusión y el intercambio de experiencias, abriendo nuevas perspectivas que den respuesta a los retos de futuro e incorporando a la ciudadanía como eje protagonista.
¿COMO INICIAR NUESTRO PROYECTO?
Partiendo de un grupo de personas que nos hemos conocido y colaborado en un largo periodo en tareas de gestión de emergencias y protección civil, debatir en un plano abierto y trazar las líneas básicas del proyecto. Incorporar progresivamente a personas interesadas de participar en forma activa. Llegado un punto que acordemos, lanzar la iniciativa a través de redes sociales. Posteriormente poner en marcha una entidad asociativa que nos permita desarrollar proyectos e iniciativas.
¿QUIENES NOS CONVOCAMOS?
Profesionales que desde el conocimiento y la experiencia estén o hayan estado vinculados a la gestión de las emergencias y protección civil.