El pasado 28 de abril de 2025 se produjo una caída repentina del suministro eléctrico que afectó a todo el territorio peninsular español, Portugal y al Sur de Francia, con una duración que, en la mayor parte del país, superó las 10 horas. Este suceso generó un efecto dominó que impactó gravemente en el funcionamiento normal de la mayoría de los servicios críticos y esenciales en España. Entre los sectores afectados se encuentran el transporte (ferroviario, aéreo y por carretera), las telecomunicaciones (internet, telefonía fija y móvil), la sanidad (hospitales y centros de salud), el suministro y distribución de combustibles fósiles y la Red de Cajeros Automáticos. A estos servicios esenciales hay que añadir, en algunas poblaciones, la ausencia de suministro de agua potable. 

Como consecuencia de lo anterior, millones de personas vieron alteradas sus vidas, en muchos casos quedaron atrapadas en ascensores o lugares con cierres automáticos, no pudieron salir de sus casas en pisos altos, se vieron obligadas a cerrar comercios y empresas, no pudieron acudir a sus centros de trabajo, y un larguísimo etcétera de circunstancias, que impactó de forma importante en la mayoría de la población. El impacto fue muy severo para los grupos vulnerables de nuestra población, como el de personas mayores, personas con discapacidad o personas electrodependientes, para los que en muchos casos fue necesario movilizar diferentes medios y recursos de emergencia sanitarios para traslado y atención adecuada de estos pacientes en centros de salud y hospitales.

Se trató de una situación de emergencia extraordinaria por fallo en el suministro de servicios esenciales, sin precedentes en España.

Esta crisis fue gestionada en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, con la participación de todas las Administraciones Públicas, así como de diversas entidades públicas y privadas implicadas. El Consejo de Seguridad Nacional se constituyó y reunió de forma extraordinaria en varias ocasiones.

Todas las Comunidades Autónomas activaron sus Planes Territoriales de Protección Civil, dirigiendo el ámbito autonómico de la emergencia desde los respectivos Centros de Coordinación Operativa (CECOP). Asimismo, numerosos municipios activaron sus Planes de Emergencia Municipal y los Centros de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL).

A instancias de ocho Comunidades Autónomas, el ministro del Interior declaró la emergencia de interés nacional en sus respectivos territorios, aunque esta duró únicamente un día

El grupo de expertos en emergencias y protección civil que conforma el Observatorio CERO (Ciudadanía, Emergencias, Riesgos y Oportunidades) considera que hay aspectos de la gestión y respuesta ante esta situación de emergencia extraordinaria que deben ser objeto de análisis objetivo y debate crítico y constructivo, con el fin de extraer conclusiones que contribuyan a mejorar la preparación y respuesta del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias en nuestro País.

Todas las Comunidades Autónomas peninsulares activaron sus planes territoriales de Protección Civil en la Situación 2.

En el ámbito estatal, se declaró inicialmente la Emergencia de Interés Nacional (Situación 3) en cinco Comunidades Autónomas, extendiéndose posteriormente a otras tres, siempre a petición de las propias Comunidades.

Del análisis de la documentación e información relacionada con estas declaraciones, se concluye lo siguiente:

Dada la magnitud de esta emergencia, que afectó simultáneamente a todas las Comunidades Autónomas peninsulares, que supuso un grave perjuicio para países fronterizos, y requirió la coordinación de múltiples administraciones y recursos supraautonómicos. Consideramos que en aplicación del artículo 28.2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de  Protección Civil, la declaración de Emergencia de Interés Nacional correspondería haberse realizado a iniciativa propia por parte del Estado. 

Aún en el caso de declaración a petición de algunas CCAA, la magnitud de la emergencia, los daños previsibles, las implicaciones internacionales y el alcance nacional de las decisiones a adoptar requerían la declaración de este interés nacional (situación 3), en todo el territorio nacional.

No podemos ignorar la complejidad de esta declaración (nivel 3) que no tiene precedente en su aplicación desde que fue prevista en nuestra legislación y cuya eficacia sería cuestionable si no se desarrolla en un marco de aceptación y acuerdo entre las Administraciones implicadas.

Por consiguiente, consideramos necesario revisar, actualizar y mejorar la normativa que regula la declaración de Emergencia de Interés Nacional, con el fin de adecuarla a la realidad territorial, competencial y a los principios de responsabilidad compartida entre Administraciones Públicas.

En este mismo sentido, teniendo en cuenta que los Centros de Mando, el Consejo de Seguridad Nacional, los CECOP y los CECOPAL, actuaron -en general- como órganos independientes que trabajaban una emergencia puntual circunscrita a su ámbito territorial, consideramos es urgente la revisión de los procedimientos vigentes para que la escalada de las distintas situaciones implique una verdadera integración de los órganos de gobierno inferiores en los superiores. Si bien está muy ejercitada la integración de los CECOPAL en los CECOP autonómicos, no ocurre lo mismo cuando es necesario integrar los CECOP en el CECO o en el CSN (pasando a ser verdaderos CECOPIs).

Actualmente, en los Planes de Protección Civil apenas se contempla protocolos y procedimientos específicos de actuación en situaciones en las que se producen afecciones graves en los suministros esenciales. En el mejor de los casos en los  Planes Territoriales de Protección Civil, se incluyen una pequeña guía de actuación muy general.

Una de las principales lecciones aprendidas de esta emergencia es la necesidad urgente incluir en los Planes de Protección Civil, procedimientos de actuación específicos para estas situaciones.

Los datos de los servicios de emergencia reflejan con claridad el impacto de esta emergencia en la población. Por ejemplo, los centros de atención del 1-1-2 incrementaron su actividad en más de un 200 %, tanto en número de llamadas como en incidentes gestionados.

Un alto porcentaje de los afectados pertenecía a grupos vulnerables, como personas mayores, personas con discapacidad o personas electrodependientes, especialmente sensibles y vulnerables ante cortes prolongados de suministro eléctrico.

Es prioritario avanzar en el desarrollo de medidas específicas de prevención, autoprotección, preparación e intervención para garantizar la salud y seguridad de estos colectivos. Estas medidas y protocolos deben integrarse plenamente en los futuros Planes Especiales de Protección Civil.

Las infraestructuras críticas del sistema de Seguridad Pública (centros procesamiento de datos, centros de coordinación emergencias, hospitales, comisarías, Infraestructuras de comunicaciones de emergencias, etc.) activaron sus planes de autoprotección y sistemas de respaldo para mantenerse operativas.

Sin embargo, se detectaron disfunciones crecientes conforme avanzaba la duración del apagón, algunas tan relevantes como la inoperatividad de determinados Centros de Coordinación o el bloqueo del sistema ES-Alert. Por ello, proponemos:

• Revisar y mejorar los planes de mantenimiento de sistemas de respaldo (SAI, grupos electrógenos, baterías, etc.), asegurando pruebas periódicas y disponibilidad de stock de repuestos.

• Mejorar el dimensionamiento y autonomía de los sistemas de respaldo, previendo la respuesta a situaciones apagones de gran duración y amplia extensión.

• Establecer centros de reserva de suministros críticos, en ubicaciones estratégicas, que permitan un despliegue rápido de recursos esenciales para garantizar la continuidad operativa de las infraestructuras críticas del Sistema de Seguridad Pública.

• Instar a las operadoras de servicios de telefonía a reforzar las garantías y respaldo ante situaciones críticas, evitando su mayor impacto en los centros y servicios esenciales.

En el momento del apagón se dio la circunstancia especial de tratarse de una situación de “cero absoluto”, lo que implicaba una desconexión total del sistema con interrupción total de las comunicaciones a nivel nacional.

Esta situación, totalmente fuera de la normalidad, implicó la total falta de información del ciudadano que, a excepción de la proporcionada por determinadas emisoras de radio, no tenía acceso a una fuente de información fiable desde la que recibir instrucciones de actuación inmediata. 

Por otro lado, la fuente de información con la que contaban dichas emisoras no siempre provenía de fuentes oficiales lo que suponía un elemento adicional de posible confusión a la ciudadanía.

Esta situación se prolongó en algunas zonas hasta 12 horas de incomunicación total. A lo largo de este periodo, el único canal de información que se mantuvo en funcionamiento fueron los receptores de radio a baterías y las emisoras de radio que contaban con una infraestructura de respaldo con sistemas generadores de electricidad.

Por ello creemos que ante este tipo de situaciones, es fundamental establecer canales de información fiables y seguros, con información actualizada y coordinada de los servicios de emergencias estatales y autonómicos con los proveedores de radio convencional.

Esto debe hacerse ante situaciones de corte total de las comunicaciones, como la que nos ocupa, con objeto de garantizar que exista una información veraz de la situación con instrucciones claras y precisas procedente de los servicios de emergencia sobre las pautas de actuación de la población y una información actualizada sobre cómo evoluciona la resolución de dicha crisis.

A la vista de las experiencias adquiridas en  la gestión y respuesta a situaciones de emergencia extraordinaria recientes como la Covid 19, Dana, apagón, etc.., Consideramos que es imprescindible incidir en clarificar y reforzar un marco de  funcionamiento común y un eficaz seguimiento operativo coordinado en las situaciones o actuaciones que sobrepasan el territorio de una Comunidad Autónoma. 

Asimismo, es necesario impulsar una perspectiva más amplia en el concepto de servicios esenciales, que no solo se centre en los servicios de intervención en emergencias (policías, bomberos, sanitarios)  sino que incorpore, en el mismo plano, a otros de especial significación para la normalidad social, tales como los sistemas y redes de suministro, los servicios de información o los Centro de Procesos de Datos.

De otra parte, para favorecer la actuación interterritorial coordinada, es preciso avanzar en el establecimiento y desarrollo de unos indicadores comunes de evaluación y acreditación de servicios, de  manera que estos puedan ser catalogados e incorporados a procedimientos conjuntos.

Consideramos que las activaciones y situaciones del Plan General Estatal de Emergencias de Protección Civil, siempre deben ser rápidamente comunicadas a la población a través de los medios precisos, incluyendo la página web de la Dirección General. Todas las administraciones, servicios de emergencia y la ciudadanía en general deben poder consultar rápidamente cuál es la situación activada, así como los consejos e instrucciones a desarrollar en dicha situación.

El análisis de esta situación excepcional permite visibilizar carencias en la planificación, coordinación y respuesta ante emergencias que afectan simultáneamente a los servicios esenciales. Las cuestiones aquí abordadas no agotan ni pretenden abarcar la totalidad de los desafíos detectados, pero sí permiten identificar algunas necesidades claves del sistema actual. Sobre todo, ponen de relieve líneas de mejora posibles, necesarias e imprescindibles,  que deberían guiar futuros trabajos, tanto en el ámbito normativo como en el operativo y organizativo. 

Profundizar en estas líneas, ampliarlas desde una perspectiva plural y participativa será fundamental para reforzar la eficacia del sistema de protección civil de nuestro país, así como, para avanzar en una mejor preparación ante emergencias complejas y de gran escala.

La asociación OBSERVATORIO CERO – CIUDADANÍA, EMERGENCIAS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES es una entidad sin ánimo de lucro y está Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con fecha 17/4/2024: Sección: 1ª / Número Nacional: 628018. Para más información: https://www.observatoriocero.es.